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La mediación como medio de resolución de conflictos
escolares
Autor: Lic. Pedro A. Mendoza R.
Colectivo de vinculación social:Barrio Isaías Medina Angarita.
Caracas Junio 2013.
Introducción
Desde la aparición del hombre en su
forma primitiva, este ha buscado diversas formas de protección, primero de la
inclemencia del medio ambiente, luego de algunos animales y finalmente de él
mismo. Fue así como utilizó las cavernas como su principal protección y
confeccionó las primeras armas como medio de defensa. Al pasar los años se fue
organizando en función de sus necesidades hasta formar las grandes comunidades
que observamos en la actualidad.
En la misma medida que la
sociedad ha ido avanzando y modernizando, en asa misma medida han ido apareciendo nuevas
formas de criminalidad, utilizando inclusive la misma tecnología y armas que en
su momento el hombre inventó en la búsqueda de su bienestar, por lo que la
diferencia estará marcada en los procedimientos y estrategias que se
implementen y la formación de los hombres encargados de brindar protección a
los ciudadanos y ciudadanas y enfrentar todas las manifestaciones que violenten
el orden social; antes, durante y después que estos ocurran.
En Venezuela, los índices de
criminalidad y la aparición de nuevas formas de violencia han obligado al
Estado a transformar el sistema de seguridad, abandonando las viejas formas y
prácticas de seguridad represivas, por la implementación de nuevas estrategias
y técnicas, lo que se conoce como el
nuevo modelo policial. Con el nuevo concepto de seguridad ciudadana,
establecido en la Constitución Nacional, que tiene como elemento fundamental la
participación ciudadana en la elaboración de planes de seguridad y en el
control social de las instituciones, se pretende establecer un vinculo entre la
policía y la comunidad que logre básicamente prevenir los hechos delictivos y
las conductas violentas, mediante la aplicación de formas alternativas de
resolución de problemas comunitarios.
El propósito del presente artículo es
realizar una reflexión crítica de la forma en que se ha abordado el tema de la
seguridad ciudadana en Venezuela, haciendo énfasis en la prevención como
elemento principal para el logro de los objetivos planteados en esta materia,
así como también presentar algunos avances logrados con el proceso de
vinculación social que se adelanta en el colectivo de profesores de la UNES.
Concepto de Seguridad Ciudadana en el
Marco de la Constitución Nacional
La Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en su artículo 55 establece:
Toda persona tiene derecho a la protección por parte
del Estado, a través de los órganos de seguridad de ciudadana regulados por
ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para
la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento
de sus deberes…
De lo expresado en el texto
constitucional, se puede apreciar que es un derecho constitucional de los
ciudadanos y ciudadanas, la protección ante hechos que amenacen, vulneren o
pongan en riesgo, en primer lugar la integridad física de las personas,
entendiéndose como tal, hechos que pudieran causar la muerte o lesiones personales
de cualquier índole, sean estos producto de eventos naturales, accidentales o
por causa de hechos delictivos, en segundo lugar están las propiedades y
finalmente se aspira que la persona pueda tener el pleno disfrute de todos sus
derechos y cumplir cabalmente con sus deberes, sin que este expuesto a las
situaciones ya mencionadas.
También se desprende de este análisis
constitucional, que el Estado venezolano tiene la obligación de garantizar este
derecho a todos los ciudadanos y ciudadanas a través de los órganos de
seguridad ciudadana, por lo que el constituyente también lo previó en el
artículo 332, en el cual se establece la organización de las instituciones
encargadas de preservar este derecho, es así como en la actualidad se cuenta
con un cuerpo uniformado de policía
nacional, el cuerpo de investigaciones
científicas penales y criminalísticas, un cuerpo de bomberos y bomberas y administración de emergencias de carácter
civil y una organización de protección civil y administración de desastres.
Como se puede observar, la seguridad
ciudadana tal como lo consagra la Constitución Nacional, es un derecho muy
amplio que implica la protección integral de los ciudadanos y ciudadanas, ahora
bien, todo parece indicar que en cuanto a situaciones producidas por desastres
naturales, tales como inundaciones, deslizamientos de tierras entre otras, el
Estado ha logrado minimizar los riesgos, mediante la ejecución de medidas preventivas e implementación de políticas
públicas para preservar este derecho, no así en el caso de hechos delictivos,
especialmente aquellos que atentan contra la vida de las personas, en el cual,
a pesar de los múltiples esfuerzos realizados y los planes implementados, no se
ha logrado disminuir los índices de delitos y menos aun crear en la ciudadanía
esa sensación de seguridad que le permita desarrollar sus actividades bajo un
clima de confianza.
Modelo de Seguridad Ciudadana Basado
en la Prevención
Durante muchos años en Venezuela se
mantuvo una política de seguridad ciudadana basada en el control del orden
público, en la cual las medidas implementadas
por el Estado para brindar protección a las personas, tenían un carácter
fuertemente represivo, haciendo ver al policía como el enemigo del ciudadano,
esta doctrina fue conocida como la de seguridad
nacional e imperó hasta finales de los años 80, fecha a partir del cual
comienzan a incrementarse los índices de violencia y de conflictividad social,
producto de la fuertes crisis económicas que azotó a los países de
Latinoamérica, entre ellos Venezuela, tal como lo refleja Carranzas(1997) citado por Barata:
En América
Latina, ya avanzada la década de los 80, y sin dudas consecuencia de la crisis
económica generalizada y la aplicación de programas de ajuste estructural, se
acusa recibo del ascenso de la conflictividad y de la inseguridad, tanto en la
forma de disturbios masivos y espontáneos (el “Caracazo” en 1989, los motines y
saqueos en Brasil y Argentina en los mismos años), como en el crecimiento
Insistente del crimen y la violencia. Esta irrupción de las nuevas clases
peligrosas, sea como criminalidad difusa y generalizada, o bajo la figura del
acecho violento de las periferias empobrecidas, terminan por desplazar el papel
que jugó una década antes la llamada Doctrina de Seguridad Nacional…
Esta política de seguridad continuó
imperando en Venezuela durante la década de los 90 y muy buena parte de la de
la primera década del nuevo siglo, donde el Gobierno Nacional, decide iniciar
la transformación del aparato de seguridad del Estado, a
través de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL),
haciendo un estudio de las diferentes instituciones policiales, avanzando en un
nuevo modelo policial, mediante la
creación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad(UNES), que
permitirá la formación de los funcionarios policiales, a la luz de las nuevas
políticas en materia de seguridad ciudadana, implementadas por el Estado.
La tarea no está nada fácil para la
recién creada universidad, por cuanto tiene que luchar contra una cultura de
represión arraigada durante años, por un lado en el seno de las instituciones
policiales, producto de la formación militarista y con la convicción de que con
la utilización de métodos arbitrarios y violentos, se lograría controlar el
índice de delitos y por otro lado una comunidad con una fuerte carga de
agresividad en sus actividades diarias, que llegó inclusive a pensar que este
era el tipo de policías que se necesitaban para que les brindara protección y
seguridad, pero los estudios realizados arrojaron lo contrario, sobresaliendo
los abusos policiales y la violación de derechos humanos que reflejaron la poca
confianza de la ciudadanía en los cuerpos policiales.
Es por ello que dentro de los grandes
objetivos de la UNES, se encuentra la formación de funcionarios y funcionarias
de la seguridad ciudadana con una profunda sensibilidad social, así como
también la de contribuir a crear una cultura de la seguridad ciudadana
fundamentada en la corresponsabilidad entre los poderes públicos y la sociedad,
lo que implica un cambio radical en las políticas de seguridad ciudadana en el
ámbito de la formación policial y también en la educación del ciudadano para que
entienda que si se puede tener un policía más humanista y cercano a la
comunidad.
Ahora bien, la prevención, parece ser
la clave para lograr un cambio en la forma de combatir el delito, no obstante,
el problema se plantea en el tipo de prevención que se debe aplicar y cuanto
tiempo tendremos que esperar los venezolanos para ver los frutos de estas
políticas, mientras la delincuencia sigue cobrando vidas de de personas
inocentes y vulnerables, es por ello que aunado a estas políticas preventivas,
también se deben implementar fuertes medidas de control de la criminalidad,
basados en investigaciones precisas, que logren resultados inmediatos en la
búsqueda y captura de peligrosas bandas de criminales que voluntariamente no
van a abandonar esta práctica y tienen como centro de sus operaciones, los
intrincados sectores populares, que por sus características geográficas ofrecen
un fácil refugio a estos ciudadanos en conflicto frente a las operaciones
ordinarias de la policía. Al respecto,
Baratta(1997), señala:
Hay tres niveles de prevención: el primario, cuando se
actúa sobre los contextos sociales y situacionales para evitar que se favorezca
la delincuencia y procurar condiciones favorables a comportamientos legales; el
secundario, dirigido específicamente a evitar que se cometan infracciones e
incivilites; el tercer nivel, cuando la prevención se encuentra orientada a
evitar la reincidencia.
Tomando en consideración la
clasificación hecha por el autor citado, es necesario implementar políticas que
vayan dirigidas a los tres niveles de prevención, ya que el problema delictivo
debe ser atacado en todos sus factores y desde diferentes ámbitos
institucionales, por lo que se considera un problema multifactorial y
multiagencial.
La Vinculación Social y los Medios
Pacíficos de Resolución de Conflictos
Uno de los principios de la educación
popular, rectores del enfoque pedagógico de la UNES, es el de la vinculación
social: entendida como el proceso de
relacionamiento entre sujetos colectivizados (universidad-comunidad) que desde
su ser, su hacer y su saber, se integran de manera proactiva para
convivir…generar conocimientos que apunten al beneficio común…y mejores
condiciones de vida… (UNES, 2011. p. 88), es así como a través de los
colectivos de docentes se interactúa con la con diversos sectores de la
comunidad para crear un clima de convivencia que ayude a buscar formas
alternativas de solución a los diversos problemas que confrontan estas
comunidades.
En el colectivo de profesores
asignado al Barrio Isaías Medina Angarita de la parroquia Catia, Caracas,
dándole cumplimiento a este principio rector se está ejecutando un proyecto,
bajo la metodología de la investigación acción participativa, el cual tiene
como propósito la formación de brigadas de mediación escolar en la escuela
Nacional Nueva Caracas donde el diagnostico aplicado arrojo altos niveles de
conflictividad entre estudiantes de quinto y sexto grado de educación primaria.
Las primeras impresiones muestran que
desde que el colectivo abordó la institución educativa interactuando con
directivos, docentes, obreros y estudiantes, mediante la aplicación de talleres
y conversatorios, en la búsqueda de autorregulación de los conflictos
estudiantiles, ha sido menor la frecuencia con que estos se presentan. La idea
no es evitar que estos ocurran, ya que son producto natural de las relaciones
interpersonales y colectivas, ni mucho menos pensar que el colectivo estará
allí para resolverlos cada vez que estos se presenten, lo importante es brindar
herramientas de mediación a los estudiantes para sean ellos mismos los que
regulen la forma de resolverlos.
Desde esta ventana de investigación
acción, se aspira obtener resultados
que demuestren que a través de la formación de estas brigadas de mediación
escolar, se pueden reducir los índices de conflictividad, formar a estos niños
para que en el futuro puedan resolver sus conflictos sin necesidad de hacer uso
de la violencia y así incrementar los niveles de prevención que coadyuven con
las instituciones de seguridad del Estado para preservar el derecho a la
seguridad ciudadana.
Conclusión
Una vez realizado el presente
análisis, queda como reflexión final que de acuerdo a lo establecido en nuestra
carta magna, es obligación del Estado preservar el derecho a la seguridad
ciudadana, para lo cual es necesario que se implementen políticas públicas
destinadas a contrarrestar las diversas manifestaciones de violencia y se
fortalezcan las instituciones encargadas de la protección de la ciudadanía e
investigación del delito.
Tomando en consideración que el
delito es multifactorial, es necesario implementar políticas dirigidas a
prevenir las conductas violentas, investigar los hechos delictivos,
desarticular las peligrosas organizaciones que operan en los espacios
territoriales y reinsertar a la sociedad aquellos ciudadelanos que cumplan sentencias por la comisión de hechos
contrarios al ordenamiento jurídico, tipificados como delitos, en la ley penal.
Finalmente con educación, cultura y
oportunidades lograremos tener una sociedad más justa y humana, con un
ciudadano capaz de convivir en un ambiente de paz y tranquilidad, con una
comunidad participativa y protagónica, donde las instituciones de seguridad
cuenten con servidores públicos que inspiren confianza con sus actuaciones
apegadas a la ley, para así alcanzar nuestra máxima aspiración de un Estado
social de derecho y de justicia.
Referencias Bibliográficas
Baratta, Alessandrro. Política
criminal: entre la política de seguridad y la política social. México. 1997
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial 5.453. 24 de Marzo de 2000.
Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Plan Nacional de Formación Profesoral. 2012.
